Nueva estrategia de implementación de la ley promueve la Agenda de Justicia Ambiental del presidente Biden
El Departamento de Justicia y la EPA lanzan una estrategia integral de implementación de la ley de justicia ambiental y restablecen la opción de los Proyectos Ambientales Complementarios para ayudar a las comunidades
WASHINGTON (5 de mayo de 2022) – En el día de hoy, el administrador Michael S. Regan y el secretario de justicia de EE. UU. Merrick B. Garland anunciaron en conjunto la estrategia integral de acatamiento del Departamento de Justicia para promover la justicia ambiental. Según lo establecido por el decreto ejecutivo del presidente Biden, el Departamento de Justicia y la EPA crearon una estrategia que permite que la administración de Biden-Harris se valga de todas las herramientas legales disponibles para garantizar la protección de las comunidades muy afectadas por la contaminación y las injusticias ambientales. Esto incluye restaurar los Proyectos Ambientales Complementarios (SEP, por sus siglas en inglés), los que el programa de acatamiento de la ley de la EPA ha utilizado para brindar beneficios ambientales o de salud pública a las comunidades perjudicadas por las infracciones ambientales.
El anuncio de hoy ayuda a cumplir dos metas del decreto ejecutivo del presidente Biden para “Abordar la crisis climática de forma local e internacional”, una “estrategia de acatamiento de la ley de justicia ambiental” integral creada por el Departamento de Justicia para brindar soluciones oportunas ante las infracciones ambientales sistémicas y medidas de acatamiento más estricto por parte de la EPA en cuanto a las “infracciones ambientales con consecuencias desproporcionadas en las comunidades carenciadas”.
“Nunca antes hubo una asociación tan sólida entre la EPA y el Departamento de Justicia para proteger a las comunidades carenciadas y más afectadas de todo Estados Unidos”, declaró el administrador de la EPA, Michael S. Regan. “Esta estrategia de implementación de la ley de justicia ambiental es el símbolo del compromiso asumido por la administración de Biden-Harris de responsabilizar a los causantes de la contaminación como forma de cumplir con nuestras prioridades de justicia ambiental. Para esto, es crucial el restablecimiento de los Proyectos Ambientales Complementarios como herramienta para garantizar beneficios concretos para la salud pública de las comunidades perjudicadas por las infracciones ambientales”.
En el desarrollo de esta estrategia, la EPA y el Departamento de Justicia participaron de sesiones de escucha directa de las comunidades afectadas y otras partes interesadas. Estos comentarios fueron fundamentales para dar forma a los anuncios de hoy de Justicia Ambiental.
Desde que el administrador Regan comenzó a ejercer su cargo en marzo de 2021, la EPA ha sido una parte esencial del compromiso de Justicia Ambiental de la Administración a través de una serie de acciones de implementación de la ley, decisiones de financiación, subvenciones y otras políticas que han otorgado recursos de protección para las personas afectadas de forma desproporcionada por la contaminación. Por ejemplo, la EPA y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo con Chevron Phillips Chemical Company LP para reducir los efectos perjudiciales de la contaminación del aire en tres plantas de fabricación petroquímica ubicadas en Cedar Bayou, Port Arthur y Sweeney, Texas. Además, el administrador Regan llevó a cabo un “Viaje en pos de la justicia” en noviembre, en el que visitó a familias de América del Sur que desde hace mucho tiempo viven marginadas, carenciadas y muy afectadas por la contaminación. En enero, el administrador anunció una serie de acciones para responder directamente a las inquietudes que escuchó en su recorrido.
Un Proyecto Ambiental Complementario es una herramienta de implementación de la ley que la EPA utilizó durante más de 30 años (hasta que la administración anterior decidió interrumpirla). Se trata de proyectos locales en los que los acusados pueden acordar comprometerse como parte de una resolución de un caso de acatamiento para ayudar a corregir infracciones ambientales. Los Proyectos Ambientales Complementarios pueden ayudar a cumplir con las metas de los estatutos de base que se están aplicando y brindar importantes beneficios ambientales y de salud pública a las comunidades dañadas por las infracciones ambientales.
Anteriormente, en los acuerdos de la EPA se utilizaron Proyectos Ambientales Complementarios para avalar proyectos que otorgaban beneficios significativos para las comunidades, entre ellos (i) la eliminación de los riesgos de la pintura a base de plomo en las construcciones o la entrega de dispositivos de análisis del nivel de plomo en sangre a clínicas de salud de la comunidad; (ii) la instalación de sistemas optimizados de filtración del aire en las escuelas de áreas muy industrializadas; (iii) la mejora de la capacidad de respuesta de emergencia de los departamentos locales de bomberos o los equipos de respuesta ante situaciones de emergencia peligrosas; y (iv) la instalación y operación de un sistema de monitoreo perimetral.
Los Proyectos Ambientales Complementarios se contemplan en conformidad con la política de los SEP de la EPA, lo que garantiza que haya suficiente conexión con la infracción. La política de los SEP permite considerar la voluntad del acusado de implementar un proyecto tal como parte de la decisión de la Agencia de plantear una cuestión de cumplimiento forzoso, y en qué términos, así como la EPA tiene la facultad de considerar, según corresponda, la buena fe y cooperación de un acusado al decidir sobre una sanción y otros términos de un acuerdo.